Esperanza se esconde de su Gürtel
Estaré encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el Caso Gürtel.
La expresidenta de Madrid está tan "encantada de colaborar con la justicia" que ha decidido huir del juez y testificar por escrito. Esperanza Aguirre se aprovecha de un privilegio injusto que protege a políticos y altos cargos. Es una lástima que se haya escapado del interrogatorio porque tenía mucho que contar sobre una trama de corrupción, la Gürtel, que creció entre sus faldas mientras ella, en el mejor de los casos, miraba hacia otro lado.
De entre todos los ejercicios de prestidigitación de la política reciente, hay pocos comparables al truco de magia que aplicó Esperanza Aguirre para escapar del caso Gürtel. La máxima responsable de la Comunidad de Madrid y del PP regional, la jefa directa de todos los políticos imputados en esta trama, se presentó ante los ciudadanos como el látigo implacable contra la corrupción. En un exceso de frenada, llegó a presumir, incluso, de ser la persona que destapó la trama. Los datos, sin embargo, demuestran justo lo contrario: ni movió un dedo para sacar las empresas de la Gürtel de Madrid ni fue implacable contra la corrupción hasta que la mierda desbordó esa cloaca.
Cinco falacias sobre la memoria histórica
(En orden de aparición en cualquier discusión sobre el franquismo, los torturadores sin juzgar y el Valle de los Caídos).
1. "No es el momento de mirar al pasado". Falso. Las víctimas del franquismo están en el presente. Siguen vivas y piden justicia. Algunas todavía buscan los cuerpos de familiares fusilados, otras padecen secuelas permanentes de las torturas de los últimos años del franquismo. En la transición se les prometió que esa reparación llegaría más adelante, que era muy pronto. Ahora se les vuelve a engañar, diciendo que es demasiado tarde. Lo es, por eso hay que solucionarlo cuanto antes. Lo contrario de la memoria no es el futuro: es la amnesia.
2. "En todas las guerras muere gente". Sí, pero en España la gente siguió muriendo tras la guerra. Hubo fusilamientos masivos. Alrededor de 50.000 personas fueron ejecutadas tras la derrota de la República. El último campo de concentración franquista se cerró en 1947. Y las torturas y la represión continuaron.
3. "También hubo víctimas inocentes del otro bando". Cierto, pero esas víctimas ya fueron reparadas. Sus familiares recibieron compensaciones económicas: propiedades de los derrotados, pensiones vitalicias, estancos o plazas de funcionario. Sus cadáveres fueron recordados y enterrados en un lugar donde sus familiares pudiesen llorarlos. Mientras, las víctimas de la represión franquista siguieron en las cunetas. España es hoy, tras Camboya, el país del mundo con más fosas comunes. Hablamos de al menos 114.000 desaparecidos.
2. "En todas las guerras muere gente". Sí, pero en España la gente siguió muriendo tras la guerra. Hubo fusilamientos masivos. Alrededor de 50.000 personas fueron ejecutadas tras la derrota de la República. El último campo de concentración franquista se cerró en 1947. Y las torturas y la represión continuaron.
3. "También hubo víctimas inocentes del otro bando". Cierto, pero esas víctimas ya fueron reparadas. Sus familiares recibieron compensaciones económicas: propiedades de los derrotados, pensiones vitalicias, estancos o plazas de funcionario. Sus cadáveres fueron recordados y enterrados en un lugar donde sus familiares pudiesen llorarlos. Mientras, las víctimas de la represión franquista siguieron en las cunetas. España es hoy, tras Camboya, el país del mundo con más fosas comunes. Hablamos de al menos 114.000 desaparecidos.
Humillar a las víctimas
Imaginen, es un suponer, que ETA hubiese ganado la guerra contra la democracia y para celebrarlo ordenase amontonar todos los cadáveres de su sangriento legado en un enorme y siniestro mausoleo, construido a latigazos por los derrotados. Imaginen que esa enorme fosa común se consagrase después a honrar la memoria del líder de los asesinos y su principal ideólogo, enterrados ambos en la cúspide de esa pirámide de huesos. Imaginen que estos crímenes nunca fuesen juzgados; que sus familiares jamás fuesen indemnizados; que las cunetas siguiesen llenas de cadáveres; que los torturadores se paseasen por las calles, impunes ante una justicia que mira hacia otro lado; que incluso años después, cuando aquel régimen siniestro hubiese terminado, las víctimas tuviesen que aguantar el homenaje al asesino de su padre, o de su hermano, cada vez que quisieran visitar las tumbas de sus familiares.
Eso sí que sería humillar a las víctimas. Eso es lo que pasa en el Valle de los Caídos.
La propuesta del PSOE de retirar los restos del dictador Franco de ese símbolo de la tiranía que pagamos con los fondos del Estado solo tiene un pero: a buenas horas. Por lo demás es intachable. En el Valle de los Caídos están enterradas miles de víctimas de la represión franquista; miles de cadáveres cuyas familias tienen que aguantar los vivas a Franco si quieren recordar la memoria de los suyos. Hay solo dos soluciones: o se identifican uno a uno los restos de cada una de estas víctimas del franquismo enterradas allí contra la voluntad de sus familias (y se devuelven a sus familiares para que los entierren donde quieran), o se retiran de allí los huesos del dictador y se convierte ese engendro fascista en un centro para la memoria sobre la Guerra Civil y la dictadura. Es obvio cuál de las dos opciones es la más fácil.
Siete claves sobre la prisión en España
Las cifras que hay que tener a mano para evitar intoxicarse con esa propaganda, a cuenta de la doctrina Parot, que presenta al sistema penal español como un coladero donde cualquier crimen sale muy barato.
1.-España tiene un récord: es el país de Europa occidental con más porcentaje de su población entre rejas. Tenemos 159 presos por cada 100.000 habitantes; la media europea es de 96. En todo el continente solo nos ganan algunos países exsoviéticos o de la Europa del este, como Montenegro, Letonia o Lituania
2.-No siempre fue así. La población reclusa se ha disparado durante los últimos 20 años. En 1990 había 33.058 presos. En 2010 eran más del doble: 73.929.
Una decepción olímpica
Perdonen la frivolidad, pero el desastre de Madrid 2020 a mí me recuerda a otro fracaso más doméstico de la marca España: la derrota de Rosa López, “Rosa de España”, en Eurovisión. Seguro que lo recuerdan, fue en el año 2002. Rosa fue la vencedora del primer Operación Triunfo, ese reality del que también salieron otros monstruos de la canción ligera como Chenoa, Bustamante o Bisbal.
La final de Operación Triunfo llegó a sumar a más de 12 millones de personas frente al televisor, un récord solo al alcance de una final de fútbol. Tras ese éxito de audiencia, la fiebre se disparó. Media España estaba convencida de que esa cantante granadina de extraordinaria voz iba a arrasar; que Europa entera se rendiría ante el talento de este patito feo convertido en cisne por la televisión y España recuperaría el trono europeo de la canción, un certamen que no gana desde 1969, el año que John Lennon se casó con Yoko Ono.
Antes de Operación Triunfo, Rosa tenía un sueño: abrir un asador de pollos en su barrio. ¿Quién podría resistirse ante esta cenicienta transformada en princesa?
Cuando Zapatero mató a la madre de Bambi
La doctrina Parot se acaba con la misma salsa con la que llegó: inundada en un pantano de pringosa propaganda. El PP tiene un problema: después de años de utilizar irresponsablemente a las víctimas de ETA como arma electoral, ahora resulta que los etarras salen de la cárcel con Rajoy en La Moncloa. ¡Cómo explicarlo! Fácil: con más mentiras, como cuando el Gobierno estaba de rodillas ante ETA, Zapatero traicionaba a los muertos y el PSOE pactaba la entrega de Navarra.
La FAES, en un artículo vergonzoso incluso para el nivel habitual de este ‘think tank’ del PP, ha responsabilizado a Zapatero de la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot. La fundación que preside José María Aznar hace suya una estrambótica teoría que lanzó La Razón este lunes, cuando ya se maliciaba la sentencia. Según esta conspiranoia, el Gobierno de Zapatero pactó con ETA una hoja de ruta que incluía derogar la doctrina Parot. Que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tumbe ahora –año 2013– este ilegal apaño jurídico es para el secretario general de la FAES, Javier Zarzalejos, “la inercia de una operación política protagonizada por Rodríguez Zapatero en su negociación con ETA”.
En un doble tirabuzón, esta misma derecha es capaz de culpar a Zapatero de rendirse ante ETA sin asumir uno de los indudables logros del Gobierno anterior: acabar con el terrorismo. Según la teoría de Zarzalejos y compañía, Zapatero es una suerte de Hannibal (el cartaginés no, el del Equipo A) y ahora se está fumando un puro mientras repite aquello de "me encanta que los planes salgan bien". No es para menos: ha conseguido, dos años después de abandonar el poder y sin hablar inglés, que un tribunal europeo ilegalice una doctrina jurídica que él mismo defendió. ¿Las pruebas de este disparate? Al parecer son dos.
Doctrina Parot: la justicia no es venganza
Artículo 7 de la Convención Europea de los Derechos Humanos: "No podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida". En estas pocas palabras se resume la sentencia que ha derogado la doctrina Parot. Ampliando el foco, hay dos premisas básicas para empezar este debate. Si no estás de acuerdo con ellas, no hay posible punto de encuentro ni para hablar sobre la doctrina Parot ni para muchas otras cosas.
1- Incluso el peor asesino tiene derechos. No lo digo yo, lo dice la Constitución española (y las leyes de cualquier otra democracia): “El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales”. Entre estos derechos, el que recoge el artículo 9.3: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables”. Traducido del abogadés, la irretroactividad significa que un asesino, como cualquier criminal, debe ser juzgado con las leyes vigentes cuando cometió sus crímenes. Solo se aplica un cambio posterior si la nueva ley es más favorable al reo, si le beneficia. Esta premisa, básica en el derecho moderno, se resume en un famoso latinajo: in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del acusado).
2- La cárcel tiene como objetivo la reinserción, no la venganza. También en la Constitución, artículo 25.2: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Si la cárcel es un instrumento de venganza, para hacer pagar por los crímenes, cualquier asesinato siempre parecerá barato por larga que sea la condena. ¿Cuántos años vale una vida humana? Habrá quien defienda que un asesinato solo se compensa con la pena de muerte, o con la cadena perpetua, pero ni una ni otra caben en nuestra Constitución. Y ni siquiera si mañana entrasen en vigor se pueden aplicar con efecto retroactivo para presos que ya han sido juzgados y condenados. Es una de las diferencias entre una tiranía (o una banda terrorista) y una democracia.
Contra la doctrina Parot
Los derechos humanos son para todos, también para quienes los pisotean: para los asesinos más terribles, para los etarras o los violadores. La sentencia europea contra la doctrina Parot así lo deja claro a partir de uno de los principios básicos del derecho: la no retroactividad de las condenas. No se puede endurecer una pena de cárcel a posteriori y, cuando estos presos cometieron sus horribles crímenes, el Código Penal español era el que era. Lo máximo que podías estar en la cárcel eran 30 años y sobre ese plazo se aplicaban los beneficios penitenciarios.
Así fue durante décadas, hasta el año 2006, cuando el Tribunal Supremo cambió las reglas para evitar que algunos de los terroristas más sangrientos salieran de la cárcel. Lo hizo a la medida de un preso: Henri Parot. Que la doctrina lleve un apellido da el tamaño del disparate: derecho a medida. El Supremo cambió la forma de interpretar los beneficios penitenciarios y, en la práctica, alargó retroactivamente las condenas.
El Tribunal de Estrasburgo ha tumbado este parche, pero eso no significa –como están vendiendo algunos irresponsables– que los etarras saldrán de la cárcel tras pasar poco más que dos días a la sombra. Los terroristas que ahora serán excarcelados no entraron antes de ayer: la mayoría lleva 25 años entre rejas y ninguno de ellos ha cumplido menos de 20 años de prisión. Es discutible si esta pena es o no suficiente para pagar por sus crímenes (es discutible incluso si pagarán por ellos algún día). De hecho, en 1995 el Gobierno cambió el Código Penal y hoy las condenas son mucho más largas. Pero lo que no merece discusión alguna es que la gran diferencia entre un Estado democrático y una banda terrorista es que nosotros sí deberíamos cumplir con la ley y los derechos humanos.
Así funciona la policía del PP
El jueves a las nueve de la noche, el Ministerio del Interior comunicó la destitución del máximo responsable policial de la lucha contra corrupción, José García Losada, el comisario general de la Policía Judicial, el hombre que dirigía las investigaciones policiales de casos como el Bárcenas y la Gürtel. No será el único. Los detalles de este relevo y los que están por llegar explican muy bien qué clase de comisarios (políticos) quiere el PP. La salida de Losada estaba cantada desde hace tres meses. A principios del verano, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, le citó junto a otro de los comisarios claves en la lucha contra la corrupción: Manuel Vázquez, el jefe de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF). Cosidó no estaba contento con Losada y Vázquez: no habían sido capaces de parar algunos de los informes más duros de la UDEF contra el PP. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba muy molesto con la Policía por difundir los regalos de la Gürtel a la ministra Ana Mato y su viaje a Eurodisney.
Cosidó hizo a los comisarios una oferta que no podían rechazar. En vez de echarlos, les pidió que escogiesen un nuevo puesto para camuflar su destitución como un cambio de destino a petición propia. Cosidó quería amortiguar el escándalo. Losada era ya el segundo comisario general de la Policía Judicial nombrado por el Gobierno de Rajoy; al primero lo echaron a los seis meses por investigar el ático en Marbella del presidente de Madrid, Ignacio González. Cosidó buscaba una salida pactada, pero los comisarios se negaron: el Gobierno los podía destituir, pero ellos no se iban a marchar.
La suerte estaba echada cuando una carambola salvó a los dos comisarios. Fue el 15 de julio, con la publicación de los SMS entre Bárcenas y Rajoy. El presidente se defendió argumentando que «la mejor prueba» de que no había cedido al «chantaje» era «que los fiscales, el juez, los policías son los mismos que llevaban el caso» cuando ganó las elecciones. La excusa del presidente blindó a los mandos policiales, al menos por unos meses. Losada ha caído este jueves. Vázquez será destituido en los próximos días.
El pucherazo de Cospedal
María Dolores de Cospedal va a batir un récord mundial de populismo: dos reformas electorales en poco más un año (imaginen si lo hacen en Venezuela, por comparar). ¿La razón? Que la presidenta autonómica de Castilla-La Mancha está cayendo en las encuestas desde que ganó y, a este paso, la doña se va a estrellar. Para evitarlo, el año pasado cambió el reparto de escaños y amplió de 49 a 53 los diputados autonómicos, premiando a las provincias donde al PP le va mejor. Como ni siquiera así le basta para ganar, ahora proyecta una segunda reforma para rebajar el número de diputados a 25 y así garantizar una reelección que hoy está en cuestión.
La segunda reforma electoral de Cospedal es una aberración. Obliga a un mínimo de entre el 14% y el 18% de los votos provinciales para lograr un escaño; es la garantía de que IU no podrá conseguir ni un diputado autonómico, algo que, según las encuestas, alcanzaría con la ley en vigor. Es un pucherazo que el PP justifica con la excusa habitual: hay que ahorrar.
El ahorro de eliminar 24 escaños es más que dudoso y casa mal con la primera reforma electoral de Cospedal, que aumentó el número de diputados. No se acaba de entender por qué en 2012 no pasaba nada por ampliar el parlamento castellanomanchego y un año después hay que dejarlo a la mitad, en aras de la austeridad. Pero el argumento del ahorro queda completamente en evidencia cuando se recuerda que Cospedal quitó el sueldo a los diputados autonómicos. ¿Qué gasta un diputado que no cobra? ¿El asiento?
sobre este blog
Ignacio Escolar
Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.
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